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El juez federal denunciado por encubrir casos de trata sólo recibirá una sanción económica

11/05/2018 13:55

El Consejo de la Magistratura no reunió los votos necesarios para abrir el juicio político y suspender a Mario Reynaldi

Finalmente, luego de un largo proceso de casi tres años, Mario Reynaldi, el juez del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz acusado por sus vinculaciones con un ex comisario investigado por trata de personas con fines de explotación sexual en esa provincia, no deberá ir a juicio político.

 

La acusación por "mal desempeño" que había sido aprobada hace dos semanas en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, no obtuvo los votos necesarios -dos tercios de los presentes- para avanzar en la apertura de un jury y su inmediata suspensión. Solo consiguió 7 votos sobre 13, cuando necesitaba 9 para prosperar.

El expediente contra Reynaldi fue llevado adelante por la consejera abogada Adriana Donato, a partir de una denuncia de Marcelo Colombo, titular de la Fiscalía de Trata y Explotación de Personas, por el supuesto encubrimiento a un ex policía que manejaba una red de prostitución de mujeres en Río Gallegos.

Votaron en contra de abrirle un proceso de juicio político los representantes de los jueces, quienes argumentaron que no había pruebas suficientes. En el mismo sentido lo hicieron los senadores Mario Pais y Rodolfo Urtubey, y el diputado Rodolfo Tailhade. Reynaldi, fue designado juez federal en Santa Cruz en 2008.

Los cargos contra Reynaldi

 

El dictamen acusatorio se basa en escuchas telefónicas de Reynaldi con el comisario retirado Horacio Herrera, quien tenía su teléfono intervenido en una investigación de la Justicia penal santacruceña.

Según la presentación realizada por el fiscal Colombo en 2015, las conversaciones evidenciarían que el magistrado no sólo hablaba habitualmente con el ex policía, sino que sabía que regenteaba un prostíbulo en la afueras de la capital santacruceña, donde mujeres -en su mayoría dominicanas- eran forzadas a la prostitución. Pese a esto, nunca lo denunció como hubiera correspondido siendo juez federal, con competencia directa en tema de trata.

Los diálogos revelan que, además, Reynaldi lo habría alertado cuando el teléfono de Herrera había sido intervenido por la Justicia, y se habría interesado cuando el inmueble del ex comisario, que funcionaba como prostíbulo, fue allanado. Incluso, de las escuchas surge que el magistrado santacruceño habría asistido legalmente a su amigo en diversas situaciones personales.

A partir de estas conversaciones, el magistrado fue acusado formalmente de cuatro cargos, leídos por Donato durante el plenario: 1) "haber mantenido contacto habitual con una persona imputada por el delito de trata de personas", sindicada como parte de "una banda criminal"; 2) afectar la honradez y la credibilidad que debe inspirar el magistrado (…) interesándose en la obtención y utilización de información de una investigación judicial para colaborar en beneficio de su amigo"; 3) haber accedido a una causa judicial sin ser parte, ni contar con autorización a fin de beneficiar su propia situación procesal"; y 4) "haber gestionado y haberse interesado en asuntos de terceros".

En pos de conseguir los votos necesarios, Donato argumentó que lo que estaban votando era que "un jury fuera el que analizara la responsabilidad de Reynaldi". Esta posición fue acompañada por el consejero del PRO Pablo Tonelli, quien sostuvo: "Hay una exigencia de la prueba que no se corresponde con esta instancia. Y menos luego de escuchar las pobrísimas explicaciones del magistrado. Tenemos que resolver si hay elementos para abrir el proceso. Que un jury complete la investigación, el juez se defienda y el jury resuelva".

Sólo un descuento del sueldo

Pero tras la votación nominal del dictamen acusatorio y la falta del apoyo requerido, los representantes de los magistrados Leónidas Moldes y Luis Cabral impulsaron un dictamen de minoría, que rechazaba tres de los cuatro cargos de la acusación. Solo consideraron el cuarto referido a interesarse por asuntos de terceros. Además de considerar la prueba recolectada -básicamente las escuchas- insuficiente para abrirle un jury, recordaron que la Justicia de Santa Cruz no habría procesado a Reynaldi en la causa que se le abrió por presunto encubrimiento.

Propusieron, en cambio, solo una sanción económica equivalente al descuento de un 30% del sueldo de un único mes. Adhirió a esta postura la otra jueza Gabriela Vázquez, quien consideró que la sanción monetaria era "excesiva". Finalmente, fue este segundo dictamen de minoría el que reunió los votos necesarios.

Al votar por esta moción en segunda instancia, el diputado radical Mario Negri pidió que "quede constancia de la profunda insatisfacción" que sentía por tener que optar por esta medida al no obtener la mayoría necesaria. Abrió así un debate sobre el sentido de una mera sanción económica a una magistrado, cuando lo que se discute es el posible mal desempeño en sus funciones, y ni siquiera se contempla una suspensión en su cargo.

El senador de su partido Ángel Rozas recordó la similitud con la situación del juez Federal Daniel Rafecas, que también recibió un descuento de sueldo ante la imposibilidad del oficialismo de abrirle un jury por su actuación en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Kirchner. "Sigo pensando que su conducta (por Reynaldi) es reprochable, pero si hay otros consejeros que creen que merece solo una sanción, votamos esta opción, que es mejor que nada", argumentó. (Fuente: Infobae)

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